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Estrategia 1: Lograr la igualdad de voz y de representación

Recomendación 1.1

Aumentar de manera considerable el tamaño de la Cámara de Representantes por legislación federal para que tanto esta como el Colegio Electoral sean más representativos de la población nacional.

Recomendación 1.2

Utilizar la votación por orden de preferencia en las elecciones presidenciales, parlamentarias y estatales.

Recomendación 1.3

Enmendar o derogar y sustituir la ley de 1967 que impone que haya un solo representante a la Cámara por distrito, de modo que los estados tengan la opción de elegir varios representantes por distrito con la condición de que adopten un modelo electoral en el que el ganador no se lo lleva todo.

Recomendación 1.4

Apoyar la adopción en los cincuenta estados, a través de legislación estatal, de comisiones independientes compuestas por ciudadanos para la redemarcación de los distritos electorales. Lograr la plena adopción en todo el país, por medio de legislación federal, de normas que exijan que la determinación justa de distritos electorales esté a cargo de comisiones independientes de redemarcación establecidas por el estado e integradas por ciudadanos; que permita que estas comisiones logren los criterios con modelos por los cuales el ganador no se lleva todo; y que proporcione financiación federal para estos procesos estatales con el fin de establecer coherencia en los procedimientos de alcance nacional.

Recomendación 1.5

Enmendar la Constitución para autorizar la reglamentación de las donaciones y del gasto electoral con el fin de eliminar la influencia indebida del dinero en nuestro sistema político y proteger los derechos de todos los estadounidenses a la libertad de expresión, la participación política y la representación válida en el gobierno.

Recomendación 1.6

Aprobar en los cincuenta estados leyes estrictas sobre el financiamiento de las campañas electorales en las que se exija transparencia total en cuanto a las donaciones, incluso las provenientes de entidades de responsabilidad limitada y de organizaciones sin fines de lucro constituidas según los términos del artículo 501(c)(4) del Código Tributario.

Recomendación 1.7

Aprobar leyes sobre procesos electorales limpios en los comicios federales, estatales y locales a través de mecanismos como los sistemas en los que las donaciones privadas se igualan con fondos públicos y los «vales de promoción de la democracia», que amplían el poder de quienes donan montos de menor cuantía.

Recomendación 1.8

Establecer, mediante legislación federal, períodos de dieciocho años para los magistrados de la Corte Suprema y nombramientos escalonados de modo que haya una nominación en cada período del Congreso. Al final del período correspondiente a su cargo, los magistrados pasarán a un tribunal de apelaciones o, si lo prefieren, a la categoría de magistrados sénior durante el resto del período vitalicio, lo cual le permitiría a cada uno determinar cuánto tiempo desea dedicarse a ventilar causas en un tribunal de apelaciones.

Estrategia 2: Potenciar a los votantes

Recomendación 2.1

Brindarle a la gente más opciones sobre dónde y cuándo votar, con leyes de alcance estatal en todos los estados: leyes que apoyen el establecimiento tanto de centros con urnas como de la votación temprana. Durante una emergencia como la de COVID‑19, los funcionarios deben estar preparados para actuar con celeridad y adoptar medidas extraordinarias para preservar el acceso a las urnas y proteger el derecho fundamental de votar.

Recomendación 2.2

Cambiar el día de las elecciones federales para que se celebren el Día de los Veteranos con el fin de honrar el servicio de los excombatientes y los sacrificios que han hecho para defender nuestra democracia constitucional, y también para garantizar que la votación tenga lugar en un día que mucha gente tiene libre. Armonizar los calendarios electorales estatales con esta nueva fecha para las elecciones federales.

Recomendación 2.3

Establecer, promulgando leyes estatales y fede­rales, la inscripción universal y la posibi­lidad de inscribirse para votar el mismo día de las elecciones. Se deberán asignar fondos y capacitación suficientes para garantizar que todos los organismos gubernamentales que tengan contacto con los ciudadanos incluyan la inscripción universal de votantes en sus procesos.

Recomendación 2.4

Promulgar leyes estatales que establezcan la preinscripción de los jóvenes de dieciséis y diecisiete años y ofrecerles oportunidades educativas para que practiquen las formas de votar en el proceso de preinscripción.

Recomendación 2.5

Establecer, mediante legislación del Congreso, que el voto en las elecciones federales sea un requisito obligatorio para ser ciudadano, de la misma manera que es obligatorio en los estados prestar servicio de jurado. Todas las personas con derecho de votar tendrían que participar en persona o por correo o, en su defecto, presentar una explicación válida para no votar. Las personas con derecho de votar que no participen recibirían una citación y una multa de poco monto. (Entre las opciones dadas se podría, por supuesto, incluir que se vote por «ninguno de los anteriores»).

Recomendación 2.6

Establecer, por medio de las legislaturas estatales o de los despachos de los secretarios de Estado (o por ambos), un cursillo para los votantes que participarían en sus primeras elecciones federales. Se les pagaría por asistir al cursillo, de manera análoga a la combinación de orientación que se les da a quienes vayan a ser jurados y lo que se les paga a quienes participan en un juicio. Casi todos los estados utilizan videos breves producidos por el sistema judicial estatal mediante los cuales los jurados reciben formación sobre el deber que van a cumplir. Estos videos no tienen ningún sesgo político. Las personas que acudirían a votar por primera vez recibirían una orientación parecida sobre lo que es su deber en el entorno político.

Recomendación 2.7

Restablecer el derecho de votar en los ámbitos federal y estatal a los ciudadanos que fueron condenados por delitos graves. Se debe restablecer este derecho de manera inmediata y automática en cuanto salgan de la cárcel. Garantizar que tales derechos también se restablezcan para los que ya se encuentren viviendo en la comunidad.

Estrategia 3: Garantizar la receptividad y la capacidad de respuesta de las instituciones políticas

Recomendación 3.1

Adoptar estructuras, procesos y tecnologías que se hayan concebido para estimular la participación amplia de los residentes en audiencias y reuniones públicas oficiales en los ámbitos local y estatal.

Recomendación 3.2

Diseñar mecanismos estructurados e interesantes para que cada congresista interactúe de manera directa y periódica con una muestra aleatoria de sus electores en una conversación bien fundamentada y sustanciosa sobre los campos de políticas públicas que se estén examinando.

Recomendación 3.3

Promover la experimentación con asambleas ciudadanas para que el público interactúe directa­mente con el Congreso, en su calidad de institución, para tratar temas que haya seleccionado este órgano legislativo.

Recomendación 3.4

Ampliar la gama de oportunidades en las que pueden participar los ciudadanos —en los ámbitos municipal y estatal— con el fin de moldear la toma de decisiones, la elaboración de presupuestos y otros procesos de la formulación de políticas.

Estrategia 4: Ampliar de manera considerable la capacidad para tender puentes cívicos

Recomendación 4.1

Establecer un Fondo Nacional de Infraestructura Cívica con el fin de mejorar la infraestructura social, cívica y democrática. Financiar el Fondo mediante una campaña importante de inversión en todo el país que tienda puentes entre la empresa privada y el capital filantrópico inicial que lo pondría en marcha. Este Fondo podría mantenerse más adelante con asignaciones presupuestarias anuales del Congreso según el modelo de la Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy).

Recomendación 4.2

Activar una amplia gama de fuentes de financiación para invertir en las capacidades de liderazgo del llamado «millón de catalizadores cívicos», es decir, los líderes que impulsan la renovación cívica en comunidades de todo el país. Encauzar estos fondos para animar a estos líderes a apoyar innovaciones para tender puentes cívicos y apoyar la democracia participativa.

Estrategia 5: Construir una arquitectura de información cívica que apoye un propósito común

Recomendación 5.1

Formar un grupo de trabajo de alto nivel para articular y medir las obligaciones cívicas de las redes sociales e incorporar esas mediciones definidas en el Proyecto de Compromiso Democrático (Democracy Engagement Project) que se describe en la recomendación 5.5.

Recomendación 5.2

Recurriendo a leyes estatales, federales o a ambas, subsidiar la innovación con miras a reinventar las funciones públicas que las redes sociales han desplazado: por ejemplo, gravar la publicidad digital con el fin de crear un fondo de medios de comunicación públicos mediante el cual se respaldarían formas experimentales de usar las plataformas de las redes públicas, además de subvencionarse el periodismo de investigación local y regional.

Recomendación 5.3

Para complementar los experimentos con plata­formas de redes públicas (la recomendación 5.2), establecer un mandato de interés público para las plataformas de redes sociales que tienen fines de lucro. De forma análoga a los requisitos de zonificación municipal, este mandato les exigiría a estas empresas de plataformas digitales con ánimo de lucro apoyar la creación en sus propias plataformas de espacios digitales designados de interés público.

Recomendación 5.4

Por medio de leyes y reglamentaciones federales, exigir a las empresas de plataformas digitales: la interoperabilidad (como se unificaron los anchos de las vías férreas), la portabilidad de los datos y su apertura, de tal manera que los investigadores tengan la posibilidad de cuantificar y evaluar el compromiso democrático en contextos digitales.

Recomendación 5.5

Establecer y financiar el Proyecto de Compromiso Democrático (Democratic Engagement Project): una nueva fuente de datos y un centro de intercambio de información para investigaciones que apoyen la infraestructura social y cívica. Con el Proyecto se llevaría a cabo un estudio centrado, a gran escala, sistemático y longitudinal del compromiso democrático individual y organizativo, que incluiría la integración cabal de mediciones y la evaluación del compromiso democrático en contextos digitales.

Estrategia 6: Inspirar una cultura de compromiso mutuo y con la democracia constitucional

Recomendación 6.1

Crear la expectativa generalizada de un año de servicio nacional y ampliar de manera considerable la financiación que se destine a programas o becas que les ofrecerían a los jóvenes oportunidades remuneradas para cumplir tal servicio. Estas oportunidades deben existir no solo en AmeriCorps y en el estamento militar sino también en programas locales ofrecidos por gobiernos municipales, medios locales de comunicación y organizaciones sin fines de lucro.

Recomendación 6.2

Lanzar una iniciativa Contemos el Relato de Nuestra Patria —que coincida con los 250 años de la Declaración de Independencia— con el fin de hacer participar a las comunidades de todo el país en conversaciones directas, inclusivas y sin resultados predeterminados sobre el relato complejo y en constante evolución de Estados Unidos. Estas conversaciones, dirigidas por organizaciones de la sociedad civil, les permitirán a los participantes de todos los puntos del espectro político explorar sus sentimientos y esperanzas acerca del país.

Recomendación 6.3

Lanzar una iniciativa filantrópica para apoyar el ecosistema creciente de la sociedad civil de reuniones, ceremonias y rituales cívicos centrados en las dimensiones ética, moral y espiritual de nuestros valores cívicos.

Recomendación 6.4

Aumentar la financiación pública y privada de campañas en los medios de comunicación y de iniciativas de interpretación de los hechos en las comunidades de base sobre cómo revitalizar la democracia y estimular el compromiso mutuo y con la democracia constitucional.

Recomendación 6.5

Invertir en instructores de civismo y en educación cívica para todas las edades y en todas las comunidades mediante planes de estudio, evaluación continua de los programas, formación de maestros y en un programa federal que reconozca los logros en el aprendizaje cívico. Estas medidas deben abarcar experiencias de aprendizaje cívico para la comunidad completa (de kínder al grado 12 y para adultos).