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En junio de 2022, los líderes de veinte países que asistieron a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles firmaron una “Declaración sobre Migración y Protección”. En este documento se comprometieron a luchar por el tránsito “seguro” y “digno” para los migrantes, y prometieron combatir a “quienes abusan de ellos” y “violan [sus] derechos humanos”.1

A pesar de sus buenas intenciones, no abordaron un tema central: la importancia del crimen organizado en la realidad de la migración. El crimen organizado solo se menciona dos veces, de pasada, en la Declaración. En contrapunto, el Índice Global de Crimen Organizado 2021, financiado por Estados Unidos y la Unión Europea, concluyó que la trata de personas es la actividad más lucrativa para la delincuencia organizada en el mundo. Después de comparar 193 países, este índice colocó a México en el cuarto lugar mundial en los niveles de presencia criminal.2

Por lo tanto, sostengo que los gobiernos, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) solo atienden los síntomas de este problema: los gobiernos suponen que tienen el control de las fronteras, los organismos internacionales aplican criterios propios del derecho internacional de los derechos humanos y las OSC auxilian a las personas migrantes y denuncian los abusos a los que son sometidas. Pero se olvidan del impacto del crimen organizado en la ecuación.

Para demostrar esta afirmación, primero haré un breve resumen de los acontecimientos importantes en América del Norte y Central entre 1979 y 2000. Después, me centraré con más detalle en lo acontecido a lo largo de las dos fronteras mexicanas durante el siglo XXI para, con esta base, hacer algunas recomendaciones sobre cómo podríamos abordar y mejorar las condiciones en esos lugares.

La Migración en el Siglo XX

A lo largo de las fronteras norte y sur de México, las políticas se han modificado en respuesta a cambios profundos en los sistemas políticos y el marco institucional de los territorios entre Panamá y Estados Unidos. Menciono a continuación algunos de los principales cambios en la región entre 1979 y 2000.

En 1979 triunfó la Revolución Sandinista en Nicaragua, y las turbulencias se extendieron al resto de América Central. México respaldó los vientos de cambio, mientras que Washington intentó frenarlos por considerar que tras las insurgencias estaba el movimiento comunista internacional, representado por Cuba y la Unión Soviética. El conflicto se regionalizó y se empantanó durante una década.

En México, el asesinato del agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, Enrique Camarena, en 1985, llevó a la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad de México en 1986. Su ausencia contribuyó al empoderamiento de los carteles de la droga en el país. El sistema político se debilitó aún más en 1994. En enero de ese año, los indígenas zapatistas iniciaron su rebelión en Chiapas. En marzo, fue asesinado Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI (Partido Revolucionario Institucional) a la presidencia. Y en diciembre, una terrible crisis financiera devastó la economía mexicana.

Entretanto, la popularidad de la cocaína en Estados Unidos había aumentado exponencialmente. Mientras que el presidente Richard Nixon declaraba la Guerra contra las Drogas en 1971, el presidente Ronald Reagan la convirtió en una pieza central de su administración. A nivel nacional, Reagan priorizó la criminalización y el castigo. En América Latina, Reagan se centró, principalmente, en los poderosos carteles colombianos, que sufrieron un severo tropiezo cuando, en diciembre de 1993, Pablo Escobar Gaviria, el líder del Cartel de Medellín, fue ejecutado en un tejado de esa ciudad.

En 1989 cayó el Muro de Berlín y terminó simbólicamente la Guerra Fría. Ya sin la preocupación por los misiles intercontinentales provenientes de la Unión Soviética, el Pentágono reorientó sus radares ROTHR (Relocatable Over-the-Horizon Radar); ahora estaban encargados de frenar el trasiego de cocaína colombiana que ingresaba a través de la Cuenca del Caribe. Pero los consumidores en Estados Unidos no se resignarían a una vida de abstención narcótica: el flujo de cocaína se reorientó a través de América Central y México, fortaleciendo aún más a los carteles mexicanos.

En 1994 inicia una nueva era en la región con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que abrió las fronteras al intercambio de bienes. Carlos Salinas, el entonces presidente de México, pronosticó que México exportaría bienes, no personas. En realidad, el país empezó a enviar ambos. Las exportaciones de México a Estados Unidos pasaron de 51 mil millones de dólares en 1994 a 384 mil millones de dólares en 2021.3 Entre 1990 y 2009, el número de personas nacidas en México residentes en Estados Unidos casi se triplicó, de 4.5 millones a 12.6 millones.

Las fuerzas de una revolución demográfica estaban en marcha. En la década de los años ochenta hubo dos eventos que marcaron un antes y un después en la displicencia estadounidense hacia los países de la Cuenca del Caribe. En 1980, el presidente cubano Fidel Castro se ������DZ��𳦳�ó de la excepcional política de inmigración resultante de la Ley de Ajuste Cubano de los Estados Unidos de 1966 y ��Ա���ó, a través del puerto de Mariel, a 125,000 cubanos a Estados Unidos. Y a lo largo de esa década las revoluciones centroamericanas desplazaron entre dos y tres millones de personas, buena parte de las cuales llegaron a Estados Unidos a través de suelo mexicano.

Migrar es un ingrediente de la identidad mexicana. En la actualidad, la diáspora mexicana en Estados Unidos ronda los 36 millones de mexicanos de primera y segunda generación, lo que representa alrededor del 10.8 por ciento de la población total de Estados Unidos. Se creó un tejido social e institucional fuerte para ayudar a los migrantes a cruzar la frontera y defender sus derechos, así como infraestructura política y social dirigida a facilitar, promover e invertir las remesas en sus comunidades de origen. Las personas de América Central que intentaban llegar a Estados Unidos aprovecharon estas redes migratorias construidas por los mexicanos durante décadas.

El viaje era más simple entonces, hasta principios de los noventa las fronteras no eran obstáculo para quienes tuvieran cantidades relativamente modestas de dinero. También había espacio para innovaciones. Por ejemplo, un aporte de las guerras centroamericanas fue la creación de un “ferrocarril subterráneo” que llevaba a perseguidos políticos desde América Central hasta la red de iglesias en Estados Unidos que otorgaban santuario a migrantes y refugiados.

Pero la época de las fronteras abiertas empezaba a agonizar. En la década de los noventa, Estados Unidos comenzó a establecer barreras físicas y burocráticas en su frontera sur en un intento por detener el flujo de migrantes y de drogas que ingresaban al país. Sin embargo, al mismo tiempo el TLCAN continuó aumentando el flujo de personas y bienes entre los países.

La Migración en el Siglo XXI

Cuando inicia el nuevo siglo, los carteles mexicanos habían incrementado su poder y se habían unido inextricablemente a los cuerpos estatales y sociales en América Central y del Norte. Estaban puestas todas las piezas para que se apoderaran de parte de las fronteras mexicanas.

Rodolfo Casillas, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, realizó estudios pioneros sobre la forma en que los carteles empezaron a controlar la migración en el país. Los innovadores fueron los Zetas, un cartel creado a principios de la década del 2000 por desertores de tropas de élite del ejército mexicano asentadas en Tamaulipas. Aplicando su lógica militar de que los territorios deben ser controlados de manera integral, en 2004 comenzaron a cobrar una cuota a los migrantes que cruzaban por su territorio. Ellos –y sus contrapartes en otros estados– habían descubierto una mina de oro.

Ese mismo año, el gobierno de Estados Unidos se negó a renovar la prohibición de diez años sobre la venta de armas de asalto firmada por Bill Clinton en 1994. Centenares de miles de esas armas de grado militar empezaron a fluir ilegalmente hacia México desde Estados Unidos. En 2022, la Cancillería mexicana estimó que cada año se envían entre 500,000 y 850,000 armas de Estados Unidos a México. Éstas se utilizan para abastecer a ejércitos de “sicarios” que luchan entre sí por territorios, llamados “plazas”. Las muertes y las desapariciones forzadas aumentaron en el país, así como los riesgos para las personas migrantes.

Entre 2010 y 2012, tuvieron lugar en México las masacres de San Fernando y Cadereyta. Docenas de migrantes, la mayoría centroamericanos, pero también de países sudamericanos, fueron secuestrados y asesinados a manos del crimen organizado en el norte del país. Estas masacres, ampliamente reportadas por los medios de comunicación, finalmente pusieron el tema migratorio en la agenda pública y crearon conciencia sobre las peligrosas condiciones de viaje de las personas que cruzan México. Tres eventos clave tuvieron lugar en 2014, 2019 y 2020.

2014: Menores no Acompañados

En 2014, el presidente Barack Obama llamó “crisis humanitaria”4 a la llegada a la frontera estadounidense de decenas de miles de niñas, niños y adolescentes no acompañados. Se colapsó la infraestructura para alojar a familias, niñas, niños y adolescentes detenidos cerca de la frontera con México. La verdadera crisis, sin embargo, no estaba en el norte, sino en América Central, donde las violencias y las desigualdades obligan a la gente a emigrar. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y algunos académicos y periodistas documentaron esta crisis con estudios publicados en 2013 y 2014.5

Estados Unidos y México pusieron el acento en controlar y frenar la migración deteniendo a los migrantes durante su viaje y luego deportándolos a sus países de origen.  Sin embargo, esta estrategia ignoró el hecho de que un gran número de personas migrantes centroamericanas requieren protección internacional, lo que significa que la deportación a su país de origen pondría sus vidas en peligro.  Al mismo tiempo, ambos países trataron de disuadir a las personas de abandonar sus países de origen; en primer lugar, mediante la asignación de recursos para atender las causas económicas de la migración. Pero estos esfuerzos fracasaron. Entre 2014 y 2019, se registró un aumento constante en el número de detenciones migratorias en México, al tiempo que crecieron sostenidamente las solicitudes de asilo en el país.

La proporción de personas que necesitan protección internacional dentro de los movimientos mixtos también se ha diversificado. Esto llevó a la creación de redes de apoyo: iglesias, principalmente católicas; organizaciones de la sociedad civil especializadas en asistencia legal; y organismos internacionales como el ACNUR, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), así como algunas dependencias mexicanas como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

2019: Las “Caravanas” de Migrantes y la Respuesta Mexicana

Los migrantes no aceptaron pasivamente los obstáculos impuestos por México y Estados Unidos. A partir de 2018, organizaron las llamadas “caravanas” de miles de personas viajando desde América Central hacia Estados Unidos. Esto atrajo la atención de los medios de comunicación, y aunque el recién llegado presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, proclamó un compromiso con los derechos humanos, esto puso a la nueva administración en un aprieto.

En sus inicios, la administración de López Obrador adoptó una política más humana: otorgó tarjetas de visitante por razones humanitarias que permitían a las personas extranjeras regularizar su situación en México, encontrar un empleo y viajar por el territorio mexicano sin ser detenidas. Pero en 2019, la administración de Trump dio un plazo perentorio a México para que empezara a detener migrantes o, de lo contrario, impondría aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. México se vio obligado a ceder y aceptó la exigencia de Trump de desplegar 28,000 elementos de la Guardia Nacional para impedir el arribo de migrantes al país vecino del norte.

Desde entonces, México ha endurecido sus políticas en las fronteras y ha creado diversos obstáculos para disuadir a las personas de tratar de ingresar al país. A medida que la actitud del gobierno mexicano hacia los migrantes fue cambiando, los medios empezaron a difundir imágenes de policías y soldados mexicanos persiguiendo y arrojando gases lacrimógenos a hombres, mujeres y niños que intentan cruzar la frontera.

2020: La Pausa del COVID-19

La pandemia de COVID-19 redujo momentáneamente los movimientos de población a lo largo de las redes migratorias creadas a través de América Central, México y Estados Unidos. Sin embargo, al mismo tiempo la pandemia agravó las ya frágiles condiciones en los países de origen de migrantes y refugiados. Así, cuando pasó la fase más aguda de la pandemia, volvieron a surgir estos volvieron a activarse las migraciones.

En 2021, México llegó a una cifra histórica: acogió a más de ciento treinta mil solicitantes de asilo, convirtiéndose en uno de los tres países con más peticiones de asilo en el mundo (los otros eran Alemania y Estados Unidos). Ese mismo año, más de trescientas mil personas fueron detenidas y deportadas del país. La migración regresó a los niveles previos a la pandemia con una tendencia ascendente.6

La Postura en 2022 de los Principales Actores

México y sus fronteras se han convertido en un territorio de incertidumbres y esperanzas, un país atrapado entre dos tsunamis. Por un lado, las fuerzas nacionales e internacionales que abogan por un mayor control migratorio; y por el otro, las exigencias de trato humano a los migrantes de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos. A continuación, se describen las posiciones adoptadas por los principales actores.

Migrantes

Los migrantes y refugiados seguirán llegando a las fronteras mexicanas, porque en sus países de origen padecen violencias criminales y políticas, persecución, pobreza, desigualdades, desempleo y las devastadoras consecuencias del cambio climático.7 Su afluencia continuará incrementando y diversificándose.

Un indicador clarísimo de esto es el aumento en el número de personas de diferentes nacionalidades que llegan a la frontera sur mexicana. Además de los migrantes y refugiados de los países tradicionales, Honduras, El Salvador y Guatemala, también están llegando de Haití, Cuba, Nicaragua y, más recientemente, de Venezuela y algunos países africanos.

Hay una modificación mayúscula en el destino deseado. Si bien es cierto que la mayoría de los migrantes y refugiados siguen soñando con llegar a Estados Unidos, México también se ha convertido en un destino atractivo. Las razones detrás de este cambio son múltiples: el fortalecimiento del sistema de asilo en México, la expansión de oportunidades de integración en ciudades del centro y norte del país, las dificultades y peligros para llegar a Estados Unidos, el alto costo de los guías y las extorsiones a lo largo del viaje, y el fortalecimiento de las redes sociales de refugiados y migrantes que se han establecido en México y convocan a sus familiares y amigos a la reunificación.

Gobiernos

Como reacción a las presiones de Washington, el gobierno mexicano pretende detener a las poblaciones migratorias utilizando un abanico de medidas disuasivas y de detenciones y deportaciones. La frontera sur de México es un cuello de botella gigantesco. Hay grandes concentraciones de personas en Chiapas y Tabasco esperando trámites administrativos de diversa índole: tarjetas de visitante por razones humanitarias, procesos de determinación de la condición de refugiado y otras alternativas de regularización migratoria. Según fuentes oficiales, el 78 por ciento de las solicitudes de asilo en México en 2021 se realizaron en esos dos estados.8

En México, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político señala que los solicitantes de asilo no deben salir del estado donde comenzaron sus procedimientos. Si lo hacen, su trámite se considera abandonado y, por lo tanto, pueden ser detenidos por las autoridades de inmigración y puestos en riesgo de ser deportados.

Los procedimientos administrativos requieren mucho tiempo, y no existe un criterio claro sobre la aplicación del artículo 52 de la Ley de Migración, que beneficia a los solicitantes de asilo de buena fe porque otorga al Ministerio del Interior la facultad de autorizar permisos de trabajo.9 Sin embargo, la gente se ve obligada a esperar varios meses en las ciudades del sur, la región más empobrecida de México, antes de obtener una resolución.

Durante este largo tiempo de espera, requieren atención humanitaria en varios niveles, lo que ha generado presión sobre los servicios prestados por los gobiernos locales y, sobre todo, por los actores humanitarios, principalmente organizaciones de la sociedad civil, albergues religiosos y organismos internacionales.

La presión demográfica ejercida por la presencia de miles de personas a la espera de sus resoluciones administrativas para poder viajar a otros estados del país ha generado tensiones en las comunidades de acogida, que son de particular preocupación debido a los brotes de xenofobia, racismo y discriminación en ciudades del sur como Palenque, Tenosique y Tapachula.10

La situación en la frontera norte es similar, aunque algunos actores y leyes son diferentes. Hasta hace muy poco, los solicitantes de asilo y los migrantes estaban atrapados en un limbo legal creado por medidas migratorias restrictivas como los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) y la implementación del Título 42, una política que el gobierno de Estados Unidos estableció para limitar el acceso de las personas por tierra invocando la emergencia sanitaria causada por la pandemia.11

Estas medidas generaron una importante presión demográfica en algunas localidades del norte, pues las personas que querían solicitar asilo en Estados Unidos tenían que esperar en México a que se resolviera su estatus. Algunas estimaciones indican que, desde el establecimiento de estos procedimientos, más de setenta mil personas han esperado en México en un limbo legal. Según diferentes organizaciones, esta política es contraria al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho de los refugiados, porque miles de personas se ven obligadas a vivir en contextos de violencia e inseguridad por un período de tiempo indefinido.12

Además, los migrantes y solicitantes de asilo en la frontera norte de México se ven forzadas a esperar en una situación difícil. No hay opciones de atención médica para afectaciones de salud o atención psicosocial, derivación adecuada para abordar casos de violencia de género, asistencia para niños no acompañados, ni oportunidades de integración para la población. Además, las ciudades del norte como Matamoros, Tijuana y Ciudad Juárez están plagadas de violencias e inseguridad. La afluencia constante de personas vulnerables en situación irregular constituyó un coctel explosivo con un impacto desproporcionado en la protección de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo con necesidades específicas, como niñas, niños y adolescentes, ancianos y personas con discapacidad o enfermedades crónicas.

El gobierno mexicano estableció algunos refugios en estas ciudades. Sin embargo, al igual que en la frontera sur, la mayor parte de los servicios humanitarios mencionados anteriormente corren a cargo de organizaciones de la sociedad civil, instituciones religiosas y organismos internacionales.

En 2019 el cambio de administración en Estados Unidos trajo consigo un intento de eliminar el MPP. Fue restablecido por orden judicial en diciembre de 2021 después de que el estado de Texas demandó a la administración Biden, pero en agosto de 2022, la Corte Suprema de los Estados Unidos finalmente lo cerró, poniendo fin a una práctica ilegal que afectó a miles de solicitantes de asilo.

Criminales

Los gobiernos han priorizado el control de la migración, minimizando el efecto de los grupos criminales que proliferan en México, a pesar de que tienen una presencia constante y generalizada en el proceso migratorio.

Este descuido resulta en tragedias, provocadas principalmente por las condiciones inhumanas que causan las redes de contrabando.13 En 2021, más de cincuenta migrantes centroamericanos perdieron la vida después de que el tráiler abarrotado en el que viajaban sufriera un accidente en Chiapas, México. En junio de 2022, las autoridades estadounidenses descubrieron un remolque abandonado con los cuerpos empacados de cincuenta y tres migrantes en San Antonio. Según el comisionado de Migración de México, abordaron el remolque en territorio estadounidense. De ser así, confirmaría que las bandas criminales también operan en Estados Unidos. En cualquier caso, tragedias como estas abundan.14

Sin embargo, no ha habido un número significativo de arrestos de personas involucradas en la trata de personas, ni existe un trabajo de inteligencia integral para hacer frente a este flagelo. Si bien es cierto que, en los últimos años, ha habido pronunciamientos conjuntos y compromisos regionales para atacar el tráfico de personas, lo cierto es que, a nivel de implementación, las redes criminales continúan operando libremente en todo México.

Sin lugar a dudas, las personas migrantes son una mina de oro para las bandas criminales. Algunos informes estiman que, dependiendo de dónde comience su viaje, cada persona paga en promedio más de 7,000 dólares para intentar llegar a la frontera con Estados Unidos.15 Si bien es imposible establecer exactamente cuántas personas utilizan contrabandistas para su viaje, hay algunos indicadores, como el número de personas detenidas en la frontera sur de Estados Unidos o a lo largo de México.

En 2021 hubo más de 1,300,000 encuentros en la frontera terrestre del suroeste por parte de la patrulla fronteriza de Estados Unidos.16 En México, durante el mismo período, el Instituto Nacional de Migración detuvo a 300,000 personas. Esto significa que más de un millón de personas lograron pasar por los filtros mexicanos. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), “se estima que dos de las principales rutas de contrabando, que conducen desde África oriental, septentrional y occidental a Europa y desde América del Sur a América del Norte, generan alrededor de 6.75 billones de dólares al año para los delincuentes. Es probable que la cifra global sea mucho mayor”.17 No hace falta decir que la porosidad de México requiere la complacencia de las autoridades mexicanas de diferentes niveles.

Organismos Internacionales y Sociedad Organizada

Los funcionarios internacionales y los integrantes de las OSC se centran en la atención humanitaria, pero son incapaces de ofrecer soluciones de fondo. Realizan un trabajo fundamental de atención inmediata, pero tienen una escasa capacidad para influir en las políticas gubernamentales o contener actividades criminales.

A pesar de sus limitaciones, las operaciones humanitarias de los actores no estatales (organizaciones no gubernamentales internacionales principalmente) desempeñan un papel clave en la protección de migrantes y refugiados. Llenan muchos de los vacíos dejados por el Estado, haciendo posible que los refugiados, migrantes y personas desplazadas accedan a servicios como agua, alimentos y refugio. Su presencia también limita la explotación y las dificultades que les imponen los delincuentes y los funcionarios corruptos a lo largo de su viaje. Además, brindan apoyo en su interacción con las autoridades mexicanas. En Estados Unidos, algunas organizaciones internacionales también les brindan asesoría.

Además, estas organizaciones transmiten información a/y de la comunidad internacional. Gracias a ellos, somos cada vez más conscientes de una situación delicada que ha planteado el ACNUR: “dado el creciente número de obstáculos para acceder a la seguridad, los solicitantes de asilo a menudo se ven obligados a recurrir a traficantes.”18

Recomendaciones para el Futuro

A modo de preámbulo, menciono algunos de los factores que creo que se mantendrán estables en los próximos años.

Se está gestando una tormenta en las fronteras mexicanas. Por un lado, las condiciones en los países de origen –Venezuela, Nicaragua, Cuba, Haití– están estallando en violencia, crimen y degradación del medio ambiente. Por otro lado, sociólogos que estudian la migración hacia Estados Unidos y México han encontrado que las redes sociales y la presencia de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales dan a los que están en tránsito la esperanza de que encontrarán un refugio seguro. En resumen, México seguirá siendo un imán para los migrantes y refugiados que intentan llegar a Estados Unidos, o al propio México.

Las condiciones en Estados Unidos hacen imposible volver a la era de las fronteras abiertas. Los migrantes y refugiados son peones en las sociedades devastadas por la polarización de las guerras culturales. El gobierno mexicano ha optado por colaborar con Washington para detener a los migrantes antes de que lleguen a Estados Unidos.

Las redes criminales seguirán beneficiándose de la migración. La UNODC informa ampliamente sobre el tema porque el tráfico de personas en México está creciendo rápidamente. En otras palabras, más personas con necesidades de protección internacional significa más dinero para las estructuras criminales. Ampliando esta idea, considero que los grupos criminales no solo se benefician cada vez más de los movimientos migratorios, sino que también los impulsan.

Con base en estas constantes, ¿cuáles serían las políticas más viables para reducir los costos humanos pagados por los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo? México y Estados Unidos tienen los recursos para implementar una política más humanitaria. Con esto en mente, el reto es hacer recomendaciones pensadas para las campañas presidenciales de 2024 en México y Estados Unidos. Es un momento propicio para proponer ajustes mayores a las políticas migratorias y de asilo de estos países.

Recomendación 1

Quienes deseamos paliar esta tragedia humanitaria creemos que la inseguridad causada por las bandas criminales es un punto de consenso entre la derecha y la izquierda en Estados Unidos y México. El entendimiento en torno a este punto debe convertirse en la palanca para priorizar el combate a los criminales que se benefician de la explotación de las personas migrantes. Liberarlas del yugo criminal es una forma de respetar los derechos humanos y al mismo tiempo atacar el poderío de las bandas de la ilegalidad.

Recomendación 2

En los últimos años, la COMAR ha aumentado y mejorado su capacidad de procesamiento en localidades del sur del país, especialmente en Chiapas. Sin embargo, se deben explorar otras alternativas de regularización migratoria para todas las personas que no necesariamente tienen necesidades de protección internacional, pero desean permanecer en México. Hacia finales de 2021, después de su visita a México, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, “destacó la importancia de encontrar alternativas migratorias para las personas que no requieren protección internacional”.19 Por lo tanto, las soluciones integrales deben tener en cuenta los marcos regulatorios actuales y las capacidades operativas de un gran número de instituciones estatales y actores humanitarios en el campo.

El atraso en la emisión de documentación migratoria debe reducirse para que los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo puedan salir rápidamente de los estados del sur de México sin temor a ser detenidos y deportados. De lo contrario, continuarán utilizando redes de contrabando o se aventurarán a transitar por el territorio mexicano sin documentación válida.

En otras palabras, propongo reformas administrativas para permitir que las personas inicien sus trámites en las ciudades del sur y los concluyan en el centro y norte del país, que son los principales puntos objetivos de la gran mayoría de las personas que acceden a México por vía terrestre y visualizan este país como su destino final.

Esto despresurizaría a la región en términos demográficos y socioeconómicos, y aliviaría la tensión de los principales servicios humanitarios. Del mismo modo, podría facilitar la integración de refugiados y solicitantes de asilo en México, disminuyendo las ganancias de las redes de contrabando.

Recomendación 3

Reconocer que México es y será un país de destino obliga a entender cuántos migrantes puede recibir México y cuántos recursos necesitará para hacerlo. En otras palabras, necesitamos saber dónde se encuentra la capacidad receptora del país. 

Recomendación 4

El conocimiento sobre el papel de la delincuencia organizada debe incorporarse en el estudio del fenómeno migratorio en el siglo XXI. Por ejemplo, un mapa de riesgo con la protección de migrantes y refugiados en mente sería muy útil, considerando la presencia de carteles a lo largo de los corredores migratorios. Debemos utilizar la inteligencia humanitaria para informar y guiar mejor a las poblaciones migratorias mientras viajan, especialmente en relación con las amenazas del crimen organizado.

Recomendación 5

México y Estados Unidos tienen la capacidad de iniciar los esfuerzos intelectuales e institucionales para actualizar la agenda en torno al fenómeno migratorio en la Cuenca del Caribe. Evadir la presencia y el impacto del crimen organizado dentro del fenómeno es inútil. Para neutralizar una amenaza, tenemos que entenderla.

En resumen, la experiencia internacional sugiere que se podría encontrar un equilibrio, por un lado, respetando y fortaleciendo la seguridad fronteriza y, por otro, respetando los derechos humanos de las personas migrantes y, en particular, desplegando respuestas humanitarias a gran escala que puedan aliviar el sufrimiento de miles de personas que abandonan su país de origen en busca de un futuro mejor.

nota del autor

Agradezco los comentarios y sugerencias hechas por Emilio González González a este texto. Su participación fue indispensable. Las opiniones, declaraciones y conclusiones son de mi autoría. Este ensayo fue escrito originalmente en español. Agradezco a Sandra Sepúlveda por traducir este ensayo al inglés.

© 2023 por Sergio Aguayo

Publicado con Fines no Comerciales bajo una Licencia de Atribución-NoComercial 4.0 Internacional ()

Endnotes

• 1Heads of State and Government of the Argentine Republic, Barbados, Belize, et al., “” [Jefes de Estado y de Gobierno de la República Argentina, Barbados, Belice, et al., “Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección”], 10 de junio de 2022.
• 2“Casi el 80% de la población mundial vive hoy en países con altos niveles de criminalidad . . . la trata de personas se ha convertido en la economía criminal más generalizada del mundo.” Laura Adal, Lyes Tagziria, Kosyo Ivanov, et al., (Ginebra: Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021), 4 [Índice Global de Crimen Organizado 2021 (Ginebra: Iniciativa Mundial Contra la Delincuencia
  Organizada Transnacional, 2021)].
• 3The Bureau of Industry and Security’s Office of Technology Evaluation, (Washington, D.C.: United States Department of Commerce, 2021) [Oficina de Evaluación de Tecnología de la Oficina de Industria y Seguridad, Comercio de EE. UU. con México: 2021 (Washington, D.C.: Departamento de Comercio de Estados Unidos, 2021)].
• 4President Barack Obama, “,” Office of the Press Secretary of the White House, 30 de junio de 2014 [Presidente Barack Obama, “Declaraciones del Presidente sobre Seguridad Fronteriza y Reforma Migratoria”, Oficina del Secretario de Prensa de la Casa Blanca].
• 5Pamela Goldberg, Leslie Vélez, Nicole Boehner, Susan Schmidt, y Aryah Somers, (Washington, D.C.: The UN High Commissioner for Refugees, 2016) [Niños en Fuga: Niños No Acompañados que Huyen de Centroamérica y México y la Necesidad de Protección Internacional (Washington, D.C.: La Agencia de la ONU para los Refugiados, 2016)]; y Abbdel Camargo M., , ed. Ana Gabriela Ramírez Valencia (Ciudad de México: La Agencia de la ONU para los Refugiados, 2014).
• 6“”, Gobierno de México, 2021.
• 7Itzel Eguiluz Cárdenas, , ed. Mark Manly, Josep Herreros, Ignacio López Vergara, et al. (Ciudad de México: El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 2021).
• 8Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), “”, 2 de mayo de 2022.
• 9Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Secretaría General de los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Servicios Parlamentarios, Ley De Migración, “”, 25 de mayo de 2011, última modificación el 29 de abril de 2022.
• 10Rafael Alonso Hernández López e Iván Francisco Porras Gómez, “”, Frontera Norte, 3 de septiembre de 2020.
• 11“B����� MPP . . . frecuentemente conocido como el programa ‘Quédate en México’ . . . las personas que llegan a la frontera sur y solicitan asilo (ya sea en un puerto de entrada o después de cruzar la frontera entre los puertos de entrada) reciben avisos para comparecer en la corte de inmigración y son enviadas de regreso a México.” American Immigration Council, “” [Consejo Estadounidense de Inmigración, “Los ‘Protocolos de Protección al Migrante’”], 7 de enero de 2022.
• 12Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “” [“Comentarios de ACNUR sobre el Restablecimiento de una Política de EE. UU. que Pone en Riesgo a las Personas que Solicitan Asilo”], 2 de diciembre de 2021.
• 13Cruz Roja Chiapas y Jacob García, “”, El País, 10 de diciembre de 2021.
• 14Pedro Villa y Caña y Alberto Morales, “”, El Universal, 29 de junio de 2022.
• 15Catherine E. Shoichet, “” [“Migrantes de Tres Países Pagaron $2.2 Mil Millones Tratando de Llegar a los EE. UU. La Mayor Parte se Destinó a Traficantes”], CNN, 24 de noviembre de 2021.
• 16Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, “” [“Encuentros Fronterizos Terrestres del Suroeste”], última modificación el 9 de marzo de 2023.
• 17Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “” (consultado el 9 de marzo de 2023).
• 18Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “” [“Resumen de la posición del ACNUR sobre el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”], 11 de diciembre de 2000.
• 19Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “”, 26 de noviembre de 2021.